LA GESTIÓN DEL AGUA ¿ES SÓLO CUESTIÓN DE AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LA "SOCIEDAD CIVIL"?
En el artículo siguiente y con motivos al día mundial del agua, celebrados en nuestra provincia de Casma, en donde se debaten temas escolásticos, y no reales, en la que muchos "profesionales" del sector miserabilizados por su incapacidad para ver las cosas y la importancia de nuestros recursos no les genera ningún escozor cuando se le hace mal uso. Creemos que es importante un buen debate del tema, aún cuando en los espacios de estos días no hay mas que mentiras y falacias con las que se cumplen, por que o sino; muchos de estos personajes se quedan sin trabajo, y tendrán seguro verguenza de hacer un trabajo honesto y digno, como la mayoría en nuestros pobladres.
ALAI, América Latina en
Movimiento2013-03-11
Gobernanza del agua o justicia del agua?
Rafael Colmenares
Por estos días la expresión
“gobernanza del agua” está de moda. El Jardín Botánico de Bogotá, organizó un
interesante conversatorio[1], con expertos de Alemania, Holanda y
Francia, así como connotados ambientalistas nacionales. Entretanto en Ghana
avanzaba una reunión internacional sobre el mismo tema. ¿Qué significa
exactamente la “gobernanza del agua”?
Nadie lo sabe a ciencia
cierta. Así lo señaló el Biólogo, Germán Andrade, en su ilustrativa intervención
en el conversatorio aludido y también el Doctor Finkelmann, experto mexicano de
la Organización Panamericana de la Salud, en un panel sobre el tema en el cual
tuve oportunidad de participar[2].
Podríamos estar
ante una nueva “revolución semántica”, parecida a la que también por estos días
transmuta los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” de Naciones Unidas en
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a lograr en un plazo de varios años, sin
detenerse a analizar a fondo porqué los primeros no se alcanzaron, antes de
2015, como estaba planteado.
Me temo, sin
embargo, que se trata de algo más profundo y eventualmente peligroso. En un
documento presentado al VI Foro Mundial del Agua, realizado el año pasado en
Marsella (Francia), por un grupo de trabajo integrado por entidades de varios
países latinoamericanos, se decía lo siguiente: “La Gobernanza del agua se
refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos (Rogers
y Hall, 2003) y administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y
gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a
diferentes niveles de la sociedad (UNDP, 2000)”. Luego añadía: “Una buena
gobernanza en la GIRH es aquella donde la autoridad juega un papel menos
protagónico, deja actuar en aquellos espacios donde son más eficientes otros
actores, o ejerce un liderazgo que permita establecer reglas claras que
faciliten la participación de otros actores y sectores en la gestión del agua,
donde las decisiones respecto a las políticas públicas son establecidas por
consenso con todos los actores que intervienen en dicha gestión del agua.” (las
negrillas son mías)
Si los “actores”
a que se refiere el documento son los agroindustriales que consumen el 70% del
agua dulce del mundo, si son los industriales que consumen un 20% adicional y si
los consumidores domésticos urbanos y rurales, que consumen el 10% restante pero
son el 99% de la población humana son casi convidados de piedra, estamos frente
a una expresión, “gobernanza del agua”, que simplemente disfraza la
privatización del preciado líquido, y prepara una nueva oleada de confiscación
de este bien común esencial por parte de las transnacionales y las potencias que
constituyen su sustento político. Sería la contraofensiva de estos poderes ante
las derrotas sufridas en la última década en América Latina y Europa. En la
primera son ya antológicas la “Guerra del Agua”, en Cochabamba y el referendo
uruguayo y en la segunda el retorno del servicio de acueducto y alcantarillado a
manos públicas en Paris y el referendo italiano donde 26 millones de personas
derogaron las leyes privatizadoras de Berlusconi.
Los principios
de la justicia del agua
Si la “gobernanza
del agua” significa, de veras, algo diferente a lo anterior, el concepto debería
nutrirse de los principios de la “justicia del agua”. Estos fueron propuestos
hace algún tiempo por MaudeBarlow y parten del reconocimiento del derecho humano
al agua. Por cierto fue la activista y premio Nobel alternativo, Presidenta del
Consejo de los Canadienses, quien como asesora del Presidente de la Asamblea de
la ONU, en 2010, inspiró la resolución 64/292 de 28 de Julio de aquel año, que
reconoce aquel derecho. La resolución fue seguida de la no menos importante
emanada, el 10 de Septiembre del mismo año, del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, según la cual: “El derecho al agua y al saneamiento es un derecho
humano, igual a todos los demás derechos humanos, lo que implica que es
justiciable y de aplicación obligatoria”.
La “justicia del
agua” plantea que el agua es un “bien común”. Por su esencialidad para la vida
nos atañe a todos y no puede ser acaparada, ni privatizada, por nadie.
Precisamente la actual etapa de la globalización neoliberal se caracteriza por
la pretensión de apoderarse de los bienes comunes, no solo el agua, también las
semillas, el paisaje, la biodiversidad, la educación, la salud y una larga lista
de bienes que hasta hace unas décadas se manejaban en el ámbito de lo público,
tanto estatal como comunitario. Por consiguiente, la gestión de tales bienes no
solo debe ser pública sino que requiere de un amplio marco democrático. La
defensa de lo público implica la reconstrucción de formas de organización
estatal profundamente participativas, exige más democracia directa y menos
democracia representativa.
La participación
para que haya justicia y democracia del agua, debe ser de la comunidad, de los
ciudadanos, de sus organizaciones y no de quienes usan el agua con fines de
lucro. Menos aún de quienes están en el negocio de la venta del agua. La
intervención de los usuarios con fines de lucro debe supeditarse a las reglas
que construya y defina el movimiento social y ciudadano. Por eso la “gobernanza”
como entendimiento entre actores que no se precisan y con un papel cada vez
menor del Estado es el marco que necesita la privatización para imponerse. El
Estado, aún el actual, con todas sus limitaciones y aún al servicio de los
grandes intereses económicos privados, como ocurre en Colombia, es necesario
para preservar el derecho humano al agua y a esta como bien común. Obviamente se
trata de lograr que cumpla un papel más decidido en el sentido de realizar la
justicia del agua, ampliando cada vez más la democracia y la participación
directa de las comunidades y la ciudadanía.
La triple
crisis del agua
El planteamiento
de la “justicia del agua” responde a las tres crisis que identifica MaudeBarlow:
deterioro de los ecosistemas y disminución del agua dulce; acceso desigual al
agua y privatización y mercantilización del agua.
La primera se puede
ejemplificar con hechos como la contaminación de los sistemas hídricos, donde
cada día dos millones de toneladas de aguas cloacales y desechos industriales,
el equivalente al peso de toda la población humana, son vertidos. En
consecuencia diminuye la cantidad de agua dulce disponible, frente a una demanda
creciente que según el Banco Mundial superará en un 40% a la oferta en 2030[3].
Para ilustrar la
segunda baste decir que un niño nacido en el primer mundo consume entre 30 y 50
veces más agua que uno en el tercer mundo. Enfrentando una escasez creciente de
agua dulce disponible la población pobre se encuentra discriminada y consume
menos agua que la de los países ricos.
La tercera de las
crisis arriba mencionadas, obedece a las políticas del Banco Mundial y el
Consejo Mundial del Agua que han promovido la privatización y mercantilización
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, acentuando la
desigualdad y poniéndole precio de mercado al agua. Esta política, como señala
Barlow, impidió por mucho tiempo que se reconociera el derecho humano al
agua.
Bogotá intenta
un cambio de rumbo
En Colombia,
recordemos, hay diez millones de personas que no acceden al agua potable. Sin
contar con quienes ven suspendido el servicio por no poder pagar las altas
tarifas que ha implicado la privatización y mercantilización de este. Los
suspendidos rondaban, entre 2008 y 2011, en Bogotá, la cantidad de 300.000
usuarios en promedio.
Una de las políticas
impulsadas por la actual Alcaldía y la Administración de la EAAB, como respuesta
a la movilización social y en particular a la iniciativa del Referendo por el
Derecho Humano al Agua, fue hacer efectivo, para los estratos uno y dos, el
mínimo vital gratuito de agua. Esto ha conducido a un ahorro del 22% en el
consumo de estos estratos, aproximadamente el 35% de la población de Bogotá,
reduciendo de esta manera la cantidad de suspensiones[4]. De paso la actitud ahorradora de la
población contradice el argumento según el cual el mencionado mínimo llevaría al
derroche del agua por los beneficiarios. Al contrario, esta se ajusta al mínimo
para reducir sus costos de vida.
Otra medida fundamental tomada
por la actual administración ha sido la denominada “retoma”, a partir del
primero de Enero del presente año de las funciones delegadas a empresas
privadas[5]. Estas temían a su
cargo la medición del consumo de agua, la correspondiente facturación y el
mantenimiento de las redes secundarias del acueducto en tres de las cinco zonas
en que se divide la ciudad para estos efectos.
La decisión anterior se tomó
no solo en desarrollo de la política de fortalecimiento de lo público, bandera
del movimiento social y sindical acogida por la Administración, sino con base en
un estudio que demostró los elevados costos[6] y la notable ineficiencia[7] del sistema de “tercerización” plasmado
en los denominados “Contratos Especiales de Gestión”, frente a los cuales se
produjo la mencionada “retoma”.
Las anteriores
medidas no se consolidarán e incluso podrían revertirse si no son rodeadas e
impulsadas por el movimiento social pues desafían importantes intereses y
núcleos estructurales del modelo neoliberal. Hasta ahora hay un notable déficit
en la participación de dicho movimiento y solo el Sindicato de la EAAB aparece
como soporte de las mismas a este nivel.
La Sabana de
Bogotá y la indispensable dimensión regional
Todo lo anterior,
sin embargo, tampoco será duradero ni sostenible si no se trabaja en la
restauración y preservación del ciclo hidrológico. Este aspecto es fundamental
para la “justicia del agua”. En el caso de la Sabana de Bogotá reviste
particular importancia pues se trata de una cuenca cerrada articulada en torno
al río Bogotá que no cuenta con agua suficiente para atender las necesidades de
la numerosa población asentada en ella y concentrada fuertemente en el perímetro
urbano del Distrito Capital. El agua que actualmente se consume en Bogotá buena
parte de la región es “importada” de la cuenca del Orinoco, a través del sistema
Chingaza.
En la dirección
anterior el Plan de Desarrollo de Bogotá, adoptado mediante el Decreto 489 de
2012 se propone, en el segundo de sus ejes, enfrentar el cambio climático y
ordenar el territorio alrededor del agua. A su vez entiende la “gobernanza” en
un sentido diferente al anteriormente criticado, anotando en el artículo 24 que
esta: “… partirá de considerar una visión integral de cuenca para el río Bogotá,
sus afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema que integra el agua
superficial, freática y subterránea, el clima y los demás sistemas que conforman
su ciclo”. El concepto, en el Plan de Desarrollo, incluye aspectos como una
nueva cultura alrededor del agua y una nueva relación de la ciudadanía con el
Estado.
Las anteriores perspectivas
deben ser desarrolladas pasando de los enunciados a las acciones para lo cual
será indispensable el concurso del movimiento social. Lamentablemente este
movimiento no se ha convocado con fuerza desde la Administración Distrital, ni
siquiera está suficientemente informado sobre las medidas y planes adoptados y
tampoco se autoconvoca, pareciendo no entender que las medidas adoptadas son
ante todo el resultado de sus luchas de muchos años[8].
La visión que se
proyecta desde la Administración Distrital contrasta con la imperante en la gran
mayoría de los municipios sabaneros, con notables excepciones, entre las que se
podrían contar Soacha, Mosquera y Sopó. Predomina en gran parte de la región una
visión desarrollista que pretende el crecimiento económico y el fortalecimiento
de los fiscos municipales a partir de una urbanización desaforada o de la
instalación de complejos industriales y agroindustriales, sin tener en cuenta la
vocación eminentemente agropecuaria y forestal del territorio y los daños que
ocasiona la contaminación derivada de aquellas actividades. Más grave aún, los
municipios ni siquiera cuentan con sistemas eficientes de alcantarillado y se
acogen a las normas sobre “vivienda campestre” que autorizan la instalación de
pozos sépticos como alternativa. Tampoco cuentan con un sistema adecuado de
tratamiento de sus aguas residuales, ni siquiera Bogotá lo tiene.
La ocupación del territorio de
la Cuenca Alta del Río Bogotá supone, por el contrario, atender a las
características ecológicas que le son propias, desechar las actividades que se
contraponen a ellas, adelantar procesos de transformación siguiendo su lógica.
Para ello es necesario emprender, sin dilación, la construcción de un Plan de
Ordenamiento Ambiental Territorial[9] que debe ser precedido de un diálogo
regional. De manera constructiva es necesario sentar a la mesa de conversaciones
a todas las posiciones y confrontar de manera directa pero respetuosa las
distintas visiones, profundizando sus alcances y supuestos. Obviamente no se
trata de una conciliación ecléctica en la cual se terminen imponiendo los
intereses de urbanizadores, industriales o agronegociantes, sino de escudriñar a
fondo las alternativas, que indudablemente existen, al actual modelo
depredador.
Lo que hay que
gobernar no es el agua sino las actividades que la sociedad realiza en el
territorio. El agua está gobernada por la lógica de la naturaleza a la cual ella
pertenece. La cultura que es la forma como los seres humanos nos adaptamos o
desadaptamos a la lógica ecosistémica y que comprende las formas de producir la
organización social y política y el mundo de lo simbólico; es el campo donde
debemos construir una nueva forma de vivir ambientalmente sostenible. No
gobernemos el agua, construyamos una nueva sociedad.
- Rafael
Colmenares es Miembro de Unión
Libre Ambiental
Fuente: Semanario Virtual Caja de
Herramientas Nº 342
Semana del 8 al
14 de marzo de 2013
Corporación Viva la Ciudadanía
[1] El Conversatorio organizado por
el Jardín Botánico de Bogotá, se realizó el pasado 21 de Febrero, en la
Biblioteca Virgilio Vargas y en las horas de la tarde continuó en el Auditorio
del JBB, con transmisión en directo del Canal Capital.
[2] El panel tuvo lugar el pasado 20
de Febrero en el Club de Ingenieros de Bogotá.
[3] La revista Nature informa que el
80% de la población humana vive en zonas en donde las aguas de los ríos están
muy amenazadas. (AsitBiswas, Water Pollution expert derides UN Sanitation
Claims, The Guardian, 26-04-2010)
[4] Las anteriores cifras están en
proceso de corroboración por la EAAB.
[5] Se trata de las empresas
Aguazul, Proactiva y hasta hace dieciocho meses, Aguas Capital de la familia
Nule, que debido a los escándalos de corrupción entregó la zona 1 (Suba y
Usaquén), la más lucrativa de la ciudad, a Aguazul.
[6] Así lo demuestra la evaluación
realizada por la firma CEFINCO, en la cual se hace una comparación de tres
períodos a saber: 1998 al 2002, durante el cual las funciones, luego trasladadas
a los operadores privados, estuvieron a cargo de la EAAB. El segundo período va
de 2003 a 2007, en el cual mediante los denominados “Contratos Especiales de
Gestión” – CEG- dichas funciones fueron encargadas a tres operadores externos y
el tercero de 2008 al 31 de Diciembre de 2012, correspondiente a la segunda
generación de los mencionados contratos, en que actuaron tres operadores
privados. Al comparar el segundo período con el primero el estudio de CEFINCO
concluye lo siguiente: “El periodo “PRIMEROS CEG 2003- 2007” en el cual
aparecieron los primeros Contratos Especiales de Gestión, por medio de los
cuales los Gestores se encargaron de las actividades descritas, apareció el
“Costo CEG” que corresponde al valor pagado a los contratistas, también aparece
el “Costo de Interventoría” efectuado por la EAAB y aparecen “Costos judiciales”
en que la EAAB debió incurrir y que están relacionados con demandas o
tribunales de arbitramento derivados de los CEG. Los costos totales anuales
oscilaron entre $ 98.409.722.952 y $120.803.429.229. El valor total de costos
globales durante el periodo fue de $ 557.387.804.915 a pesos constantes de
2012. Este valor es superior en más de un 53% al valor del primer periodo.” Al
comparar el tercer período con el segundo el estudio mencionado concluye: “Los
costos totales anuales oscilaron entre $ 84.311.465.078 y $121.446.855.441. El
valor total de costos globales durante el periodo fue de $ 495.111.626.030 a
pesos constantes de 2012. Este valor es superior en más de un 34% al valor del
primer periodo y es inferior en un 11% al costo del segundo periodo”. La
conclusión global de CEFINCO no deja dudas: “De los anteriores análisis es claro
que independientemente de otras consideraciones técnicas, y bajo los parámetros
elegidos, la prestación fue menos costosa para la EAAB cuando lo hizo sin
Gestores”
[7] Los contratos especiales de
gestión tenían como objetivo disminuir el índice de agua no contabilizada –
IANC-, es decir el agua que circula por las tuberías pero no se puede cobrar
pues se pierde por fugas o por consumo fraudulento. Dicho índice estaba en el
36% en 2002. Los gestores privados no solo no lo disminuyeron sino que incluso
aumentó. En efecto, en los dos primeros años de su “gestión” alcanzó el 40% y a
Junio de 2012, se encontraba en el 37,98%. Entre tanto en las dos zonas en las
que el mantenimiento de las redes secundarias quedó a cargo directo de la EAAB,
se presentó una leve mejoría que no siendo un gran logro desnuda la supuesta
eficiencia de la gestión privada. En ellas el IANC se redujo al 35,91%, a Junio
de 2012. La conclusión de CEFINCO es lapidaria en este punto: “El gran fracaso
se refiere a una gran meta: el mejoramiento del IANC, lo que no se logró en los
nueve y medio años que lleva el modelo”.
[8] En este sentido es notable el
esfuerzo mancomunado de organizaciones sociales, la EAAB y las Secretarías de
Planeación y Ambiente en la organización de las mesas ambientales en varios
municipios de la Sabana. Proceso que confluyó en el Foro realizado en el mes de
Diciembre pasado.
[9] Para ello hay insumos muy
importantes en los trabajos de los profesores Thomas Van Der Hammen, Julio
Carrizosa y Alberto
Mendoza.
http://alainet.org/active/62351
