ley de la consulta previa como una demostración de respeto a las comunidades nativas y campesinas, lo real es que las cosas apenas han variado desde la Colonia.
- Escribe: David Roca Basadre
- Fotos: Archivo Rumbos
Las concesiones para minería, explotación de hidrocarburos, expansión agroindustrial a gran escala, de tierras indígenas en sierra y selva y de comunidades campesinas –como las de Arequipa o la sierra piurana de Huancabamba– han creado situaciones límite en las que las poblaciones se perciben como amenazadas.
Ello porque estas concesiones se han dado siempre sin previo aviso, continuando con una tradición colonial y republicana de despojo de tierras comunales para provecho ajeno.
Esta usurpación que antaño practicaran los grandes latifundios costeños y serranos, contemporáneamente consiste en lo mismo pero para actividades extractivas que, desde que culminara la segunda guerra mundial y empezara la reconstitución de las economías occidentales sobre la base del consumo, sostienen la economía de los países occidentales, sin que ello haga descender la pobreza de los países proveedores de materias primas.
Esto se da con más fuerza desde hace veinte años en que se produjo el despegue mayor del crecimiento económico de los países más solventes. La demanda de insumos ha crecido necesariamente para proveer esas demandas de consumo y producción.
Pero ahora, a los países occidentales tradicionalmente solventes, se han incorporado además los llamados países emergentes –Brasil, India, Indonesia, China- que aplicando el mismo modelo de desarrollo lineal, se convierten en nuevos e importantes importadores de insumos para sus nacientes industrias y mercados. El caso de China es particularmente espectacular.
Y es así que, en consecuencia, como reacción a la imposición de concesiones, muchas comunidades indígenas y campesinas las rechazan y confrontan a las empresas beneficiadas para la explotación de los recursos.
En ese contexto, que se agudizó conforme crecían las economías, es que se producen movilizaciones de comunidades afectadas, y que los gobiernos llaman a estas respuestas conflictos.
Esto constituye un problema para estos gobiernos, que tratan de sostener su propio crecimiento sobre la base de un extractivismo salvaje para obtener y vender materias primas, y al mismo tiempo no saben qué hacer para controlar o atenuar los impactos sociales y finalmente ecológicos de esas actividades.
Foto: Alejandro Balaguer
Convenio 169
El año 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por cientos de países del mundo, incluido el Perú desde 1995.
El Convenio, que tiene rango constitucional, establece en su Artículo 15 que:
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”
Esta afirmación es concluyente, y se beneficia a:
-“Los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.
-Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
Asimismo establece que: “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
Estas disposiciones son muy claras, y el Convenio bastaría para ejecutar lo dispuesto. Pero en el Perú se decidió que hacía falta una ley especial de Consulta Previa y su reglamento. Y recién en 2012 se cumplió con esto.
La ley de consulta previa
La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios establece que los criterios “objetivos” para identificar a los beneficiados son:
- Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
- Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
- Instituciones sociales y costumbres propias.
- Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.
- El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
- Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo.
Establecer la descendencia directa de poblaciones originarias conforma una exigencia mayor a la establecida por el Convenio 169 y una gran dificultad.
El reglamento de la ley es aún más exigente, y el Pacto de Unidad conformado por organizaciones indígenas y campesinas, hizo varias atingencias a este documento, como observar el requisito impuesto de que para ser objeto de consulta había que demostrar poseer todos los elementos culturales previos a la Colonia, lo que equivale a que durante quinientos y tantos años no haya habido ninguna influencia occidental posible, así como la exigencia de una institucionalidad indígena que evite que el Estado sea juez y parte.
Otro punto álgido que demandaban las organizaciones nativas fue: “precisar que la decisión final estatal, está obligada a lograr el consentimiento cuando se trata de megaproyectos, depósito de relaves tóxicos, desplazamientos poblacionales o se afecte la supervivencia; a una segunda etapa de diálogo; a no afectar el derecho a un medio ambiente equilibrado”.
Nada de esto fue incorporado.
Realidades
Finalmente, y al margen de las limitaciones impuestas, ni siquiera con tantos derechos recortados, se aplica la ley de consulta previa. En rigor, el Convenio 169 es bastante explícito y debió aplicarse sin necesidad de ley. De hecho, en Bolivia así se hace. La excusa de la necesidad de una ley, y luego la espera por el reglamento, ya fueron dilaciones políticamente predispuestas.
Pero en el Perú las concesiones mineras cubren el 49.16% del país, y en la Amazonía el 75% del territorio ha sido concesionado para extracción de petróleo, y los gobiernos sucesivos asumen que de la venta de eso recursos es que se puede garantizar el despegue económico.
La mercantilización de la naturaleza al partir de la necesaria sujeción de todo a los intereses de los países importadores de materias primas, al aceptar desmembrar el territorio generando una ruptura destructora de los ecosistemas, afecta directamente la vida de comunidades indígenas y campesinas, pero esto pasa a segundo plano para los que se benefician de todo.
Se llega ahora a tratar de negar la condición de indígenas a los comuneros quechuas de Cañaris, y a partir de este ejemplo, se trata de decir –por boca de la primera autoridad del Estado– que solo son indígenas los pueblos amazónicos y negando esta condición a quechuas y aymaras. Claro que por presión del lobby minero y petrolero, cuyo vocero en el ejecutivo es el Ministerio de Energía y Minas, se atenta contra la ley a pesar que el mismo Estado, mediante el mapa etnolingüístico del INDEPA de 2010, y los censos del INEI, tiene un listado muy claro de los que son así considerados.
En suma, se trata de evitar la consulta previa yendo contra la ley misma, para poder seguir atendiendo las demandas externas de insumos para la producción en masa y el consumismo engendrado a propósito. Un círculo vicioso, que puede ser roto solo si se aparta el Estado de la globalización actual que solo beneficia a los países occidentales y a los llamados emergentes.
En nuestro país, hay nueva riqueza para pocos y pobreza igual para las mayorías a las que, además, no se les consulta nada, incluso en los casos de atentado contra sus propiedades comunales y, eventualmente, sus vidas.
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